La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político sobre la protección del medio ambiente a través del Derecho penal

Acuerdo sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal

La Comisión Europea acoge con satisfacción el acuerdo provisional alcanzado hoy entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. Tal como propuso la Comisión en diciembre de 2021, la nueva Directiva mejorará la eficacia de la aplicación del Derecho penal y contribuirá a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo luchando contra los delitos medioambientales más graves que pueden tener efectos devastadores tanto en el medio ambiente como en la salud humana.

Una vez que la nueva Directiva haya entrado en vigor, los Estados miembros tendrán que incluir en sus leyes penales una mayor precisión en la definición de las categorías de delitos medioambientales, así como sanciones disuasorias efectivas para los infractores. El nuevo marco jurídico contribuirá a garantizar que los delitos medioambientales graves no queden impunes. Esto disuadirá la contaminación y la degradación del medio ambiente y contribuirá a preservar nuestra naturaleza para las generaciones futuras.

Sancionar los danos medioambientales

Los incumplimientos de las obligaciones medioambientales, como el comercio y la manipulación ilegales de sustancias químicas o mercurio o el reciclado ilegal de buques, tendrán que tratarse como delitos penales en todos los Estados miembros de la UE.

Se aplicarántipos y niveles similares de sanciones a las personas físicas y jurídicas en toda la UE, lo que contribuirá a garantizar una aplicación más coherente y a reforzar su efecto disuasorio. Por ejemplo, la recogida, el transporte y el tratamiento ilegales de residuos o la comercialización de madera aprovechada ilegalmente o de productos de la madera fabricados con madera aprovechada ilegalmente se castigará con penas privativas de libertad de una duración máxima de al menos cinco anos en los Estados miembros. Las multas máximas para las empresas que cometan tales delitos no deben ser inferiores al 5 % del volumen de negocios mundial total de la persona jurídica o a un importe correspondiente a 40 millones EUR.

El hecho de causar danos especialmente graves al medio ambiente deberá tratarse como un delito agravado, con sanciones más elevadas. Además, los legisladores nacionales deben tener en cuenta las circunstancias agravantes específicas y las sanciones y medidas accesorias (además de las sanciones pecuniarias) para permitir una respuesta adaptada a delitos específicos. Las personas que denuncien delitos medioambientales y cooperen con las autoridades policiales se beneficiarán de medidas de apoyo en el contexto del proceso penal.

Ladetección y sanción de los delitos reales requiere una cadena eficaz de acciones en las que participen las fuerzas y cuerpos de seguridad, los fiscales y los tribunales. Para ayudar a la aplicación de la legislación en la práctica, se encomendará a las autoridades nacionales la elaboración de un enfoque estratégico para garantizar una respuesta firme a los comportamientos delictivos. Los profesionales que trabajan sobre el terreno, incluidos inspectores, agentes de policía, fiscales y jueces, se beneficiarán de recursos suficientes y de una formación adecuada, así como de herramientas eficaces para la aplicación, la coordinación, la cooperación y la recopilación de datos.

Dado que la delincuencia medioambiental es un fenómeno mundial complejo que requiere esfuerzos de diferentes autoridades y a menudo tiene efectos transfronterizos, la nueva Directiva facilitará la cooperación y la coordinación de las autoridades en la UE y a escala internacional.

Próximas etapas

Ahora corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo adoptar formalmente el acuerdo político. La Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Antecedentes

Ha habido una brecha cada vez mayor entre la respuesta de la justicia penal a la delincuencia medioambiental y la situación criminológica sobre el terreno. A pesar de la Directiva vigente, el número de investigaciones y condenas transfronterizas en la UE por delitos medioambientales no ha aumentado sustancialmente. Por el contrario, la delincuencia medioambiental crece a un ritmo anual del 5 % al 7 % en todo el mundo, lo que genera danos duraderos para los hábitats, las especies, la salud de las personas y los ingresos de los gobiernos y las empresas. Según las estimaciones del PNUMA y de Interpol, publicadas en junio de 2016, las pérdidas anuales causadas por la delincuencia medioambiental se sitúan entre 91 000 y 258 000 millones USD.

Para más información

Directiva sobre delitos contra el medio ambiente

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